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Boletín de noticias 7 de diciembre de 2011
EL TIEMPO
A SANCIÓN EMPLEO DE EMERGENCIA PARA DAMNIFICADOS DE INVIERNO
La norma establece beneficios laborales a los afectados por las lluvias.
Las plenarias de Cámara y Senado aprobaron la conciliación del proyecto de ley que crea el empleo de emergencia para damnificados del invierno, por lo cual pasó a sanción presidencial y ahora solo le falta la firma del Jefe de Estado para convertirse en ley de la República.
Lo que se busca con esta iniciativa es que los mandatarios locales, ya sean alcaldes o gobernadores, le den prioridad a los habitantes de las zonas afectadas por el invierno cuando se contrate la mano de obra para emprender las obras de reconstrucción.
El senador Juan Lozano, autor del proyecto, afirmó que “le permite a los alcaldes y a Colombia Humanitaria disponer de la gente del municipio, que muchas veces son víctimas, para acelerar el proceso de reconstrucción”.
Lozano agregó que en las regiones “ven cómo llega una invasión de gente de otras zonas a realizar labores que ellos mismos pueden realizar”.
Según las proyecciones que se realizaron para impulsar el proyecto que este martes pasó a sanción presidencial, a penas se firme se podrían impulsar de forma inmediata cerca de 15 mil empleos que beneficiarán a los damnificados del invierno.
REFORMA PODRÍA CONVERTIRSE EN 'INSTRUMENTO DE REVANCHA': CORTE SUPREMA
Alto tribunal encontró razones para no acompañar debate del proyecto, aseguró su presidente.
En un comunicado leído por Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal expresó su temor porque la Reforma de la Justicia podría convertirse "en un instrumento de revancha o retaliación ante el cumplimiento de la función judicial".
El magistrado aseguró que la Corte en pleno encontró las razones para no acompañar los debates sobre el proyecto. Así, señaló que la iniciativa concentra poderes en el Ejecutivo y, en consecuencia, "atenta contra la estructura del Estado democrático que inspira la Constitución del 91".
La Corte considera que los cambios hasta ahora aprobados en el Congreso "rompen el balance de los pesos y contrapesos" al eliminar las facultades para que las Cortes postulen a los titulares de los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría.
También se opone a la posibilidad de que particulares o servidores públicos administren justicia, medida planteada por el Gobierno para combatir la congestión judicial: "La función jurisdiccional debe estar en cabeza de los jueces, como lo establece la Constitución", dice el alto tribunal, que está además en contra de "la inclusión repentina y sorpresiva" del fuero militar en el debate.
Tarquino aseguró que la actual propuesta de reforma "resquebraja la independencia y autonomía judicial y además no resuelve el problema del ciudadano que reclama justicia".
A pesar del anuncio de la Corte Suprema de retirarse de la discusión de la Reforma de la Justicia en el Legislativo, conocido durante la tarde del martes, el Gobierno sostuvo que el trámite de la iniciativa seguirá su curso en el Congreso.
"Esto es un proyecto tan importante y de tanta envergadura, tan aplazado por tantos años, que no se comprende bien cómo una corte se margina del escenario natural (de discusión) que es el Congreso", afirmó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
De otro lado, en el Congreso advirtieron que el trámite de la reforma de la justicia debe ser aprovechado para mejorar el proyecto.
Reacciones en el Congreso
El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, afirmó que el retiro de las cortes de la discusión "es respetable, pero creo que hay que dar un tiempo para que en la segunda vuelta se reconsideren algunas proposiciones que afectan el proyecto de reforma constitucional y que molestaron a la rama judicial".
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, afirmó que "es muy grave el retiro de la Corte Suprema de la discusión del proyecto de reforma de la justicia, por lo que hay que hacer un gran esfuerzo para lograr enmendar la reforma. (...) La Cámara está en la obligación de enmendar el sinnúmero de proposiciones que se aprobaron a último minutos en la Comisión Primera".
La que se tramita 'no es la reforma ideal, no es la gran reforma de la Justicia', admite Santos
En entrevista con RCN La Radio, el presidente Juan Manuel Santos dijo que solo se le retiraría el respaldo a la iniciativa si su contenido "se vuelve más negativo que positivo".
Explicó que hay temas que no le gustan sobre el contenido del proyecto que se discute en el Congreso. Uno de ellos es "la posibilidad de que el Consejo Superior de la Judicatura sea el juez de la Corte Consitucional".
"Ese tipo de situaciones hay que reversarlas", dijo el mandatario, quien admitió que si bien esta no es "la reforma ideal", tiene contenidos positivos para lograr la descongestión y mejor funcionamiento de la Justicia.
CORTE NO APOYA REFORMA DE LA JUSTICIA, PERO GOBIERNO NO LA RETIRA
El Gobierno afirmó este martes que el proyecto de reforma de la justicia continúa su trámite en el Congreso, a pesar de la decisión de la Corte Suprema, y en días pasados del Consejo de Estado, de retirarse de la discusión de la iniciativa.
El ministro del Interior afirmó que "la reforma continúa su trámite y esperamos que se reconsidere esta situación".
Agregó que "esperamos que en esta época de receso navideño y del primer trimestre del año entrante nuevamente incorporar a los magistrados de una y otra corte para continuar deliberando".
Vargas Lleras les recordó a los altos tribunales que el escenario de deliberación es el Congreso y los invitó a regresar al debate.
"Esto es un proyecto tan importante y de tanta envergadura, tan aplazado por tantos años, que no se comprende bien cómo una corte se margina del escenario natural (de discusión) que es el Congreso", afirmó Vargas Lleras.
De otro lado, en el Congreso advirtieron que el trámite de la reforma de la justicia debe ser aprovechado para mejorar el proyecto.
El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, afirmó que el retiro de las cortes de la discusión "es respetable, pero creo que hay que dar un tiempo para que en la segunda vuelta se reconsideren algunas proposiciones que afectan el proyecto de reforma constitucional y que molestaron a la rama judicial".
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, afirmó que "es muy grave el retiro de la Corte Suprema de la discusión del proyecto de reforma de la justicia, por lo que hay que hacer un gran esfuerzo para lograr enmendar la reforma. (...) La Cámara está en la obligación de enmendar el sinnúmero de proposiciones que se aprobaron a último minutos en la Comisión Primera".
Por su parte, el representante conservador de la Comisión Primera, Heriberto Sanabria, señaló que la Cámara debería analizar una eventual decisión del Gobierno de retirar la reforma.
"El Congreso está actuando conforme al mandato constitucional, lamentamos el retiro de la Corte Suprema de Justicia que nos acompañó hasta la madrugada en el último debate. Si el Gobierno decide retirar la reforma de la justicia será una decisión de la Cámara si lo acepta o no", afirmó Sanabria.
El senador Liberal Jesús Ignacio García aseguró que "en realidad no sé cuáles son los motivos del retiro, pero me gustaría tener una razón con ellos para conocer sus opiniones".
Finalmente, el vicepresidente del Senado, Antonio Guerra, consideró el hecho "lamentable, porque lo que se quiere una mayor concertación y es muy importante que la Corte Suprema y el Consejo de Estado pudieran reconsiderar su decisión y volver a la mesa de concertación, junto al Congreso y al Gobierno".
El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, lamentó a su turno la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema: "nos van a hacer mucha falta en lo que resta de la discusión del proyecto de reforma constitucional que va para su cuarto debate”, aseguró.
El jefe de la cartera de Justicia resaltó la importancia de que las cortes participen en estas discusiones que --dice-- "son de "trascendencia" y "verdaderos temas de Estado".
CORTE SUPREMA SE RETIRÓ DE DISCUSIÓN DE REFORMA DE LA JUSTICIA
Son varios los peros esbozados, por unanimidad, por los magistrados de la Corte Suprema ante el proyecto, que ya completa tres de los ocho debates que necesita.
El alto tribunal considera que afecta el equilibrio de los poderes públicos y que lesiona la autonomía de la Rama Judicial.
Uno de los magistrados le dijo a ELTIEMPO que la "propuesta de reforma de la justicia, tal como está, ni reforma a la justicia ni le sirve a la justicia".
Esta decisión se da a conocer luego de que el Consejo de Estado, el pasado 24 de noviembre, le retirara su apoyo al proyecto y decidiera apartarse de su trámite.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que le sorprende que las altas cortes se retiren de la discusión cuando apenas han transcurrido tres debates.
"El Gobierno no tiene prevista la posibilidad de retirar el proyecto porque tiene cosas muy útiles para la administración de justicia", enfatizó Esguerra.
La decisión del Consejo de Estado -según se explicó en su momento- estaba basada en que la reforma "atentaba contra la independencia de la Rama Judicial".
El Consejo de Estado critica la propuesta de un nuevo Consejo de la Judicatura y también la falta de recursos que se le destinan a la rama.
Mauricio Fajardo, el presidente de este alto tribunal, manifestó en su momento que lo aprobado en el Congreso del proyecto a la Reforma a la Justicia no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia.
"Lo aprobado hasta el momento no corresponde al proyecto inicial ni atiende los problemas de congestión en los despachos judiciales, el acceso a la administración de justicia y, además, debilita la autonomía de la Rama Judicial y el equilibrio en el poder público", dijo Fajardo.
"El asunto no es solo plata; también los ajustes que se le han hecho al Consejo Superior de la Judicatura y la insistencia de mantener al Ministro de Justicia en la Sala de Gobierno, la que va a dictar las grandes políticas en el funcionamiento de la Rama Judicial. Eso es un retroceso", afirmó Fajardo en una entrevista a EL TIEMPO.
Pero estas dos altas cortes no son las únicas entidades que se han manifestado con respecto al tema. Los notarios también se declararon en contra, pues el texto de la reforma les impone funciones judiciales.
El procurador, Alejandro Ordóñez, también aseguró que "lo mejor es que el Gobierno retire el proyecto".
"Todos los días oímos al Ministro de Justicia decir que no está de acuerdo, a los magistrados y a los congresistas. Es una reforma que está expósita, que a todos les da vergüenza defender", aseguró Ordóñez, y agregó que la reforma se convirtió en el "parto de los montes" y que ahora nadie quiere asumir su paternidad.
CEVICHE Y REFORMA JUDICIAL
Por: Alfonso Gómez Méndez
Nada pierde el Gobierno si aplaza la aprobación de la reforma a la justicia.
Divertida crónica periodística sobre el tercer debate de la reforma judicial en la Comisión Primera de la Cámara cuenta la estratagema del Ministro del Interior para lograr que los parlamentarios, tras agobiante jornada del jueves anterior, permanecieran en el recinto para aprobar, al filo de la medianoche, la reforma constitucional de la justicia.
Se narra que, cuando el alto funcionario advirtió que se desintegraría el quórum -con riesgo de hundimiento-, ordenó a una de sus asistentes preguntar en las curules cómo querían el ceviche que les ofrecía y así evitar que la reforma sucumbiera por el hambre de los parlamentarios.
Unos lo pidieron con mayonesa, otros con cebolla, otros sin cebolla para no llorar, unos cuantos con ají, entre otras modalidades conocidas de tan apetitoso plato, no propiamente de lentejas.
Cerca de comenzar un nuevo día y en vista de que no llegaba el anhelado marisco, un parlamentario reclamó y obtuvo como respuesta del Ministro esta joya: al revisarlo, encontró que por el color podía poner en riesgo la salud de los congresistas, así que decidió ofrecerles pizza para la próxima ocasión.
Esto ocurre en las maratónicas sesiones para aprobar a todo trance en primera vuelta la reforma que cambia todo el sistema judicial impuesto por la Constituyente de 1991.
Es cierto, como se ha dicho, que este tipo de reformas no pueden salir por consenso, ni es posible darle gusto a todo el mundo, y que, finalmente, la decisión la debe tomar el Congreso.
Sin embargo, en este caso se han desoído las voces no solo de los presidentes de la Corte y el Consejo de Estado (parte interesada, podría decirse), sino de ex magistrados, académicos, ex ministros, periodistas y centros de pensamiento, para citar solo unos pocos.
Una verdadera revolución en materia de justicia sería la que permitiera cumplir los términos procesales. Si se observaran las normas ya existentes, un proceso, por complejo que fuese, no debería durar más de dieciocho meses.
Ya hay casos -como el de la Sala Civil de la Corte y otros- en donde, sin reforma ninguna, se están fallando los procesos en tiempo.
La distribución de poderes en la justicia (edad de retiro, periodo, sistemas de nombramiento) puede ser importante, pero no es esencial en los problemas de la Rama.
El proyecto que hoy se discute tiene aspectos positivos, como la creación del Consejo de Política Criminal, y algunos de los temas de descongestión. Pero tales puntos podrían tratarse por leyes estatutarias sin cambiar la Constitución.
Sin utilizar la ofensiva expresión 'mico', a la reforma le han ido colgando -por la premura de aprobarla, no importa cómo- toda clase de asuntos disímiles, que nada tienen que ver con la necesidad de una justicia pronta y eficaz, como la regulación de la pérdida de la investidura, o de la silla vacía (para restringirlas), asuntos más propios de una reforma política.
El espinoso tema del fuero militar, cuya regulación es necesaria, se puede modificar por ley estatutaria que defina el concepto de acto del servicio sin necesidad de cambiar la Constitución.
Con razón, Semana comienza a describir la reforma, dada la disparidad de temas en ella incluidos, como un "Frankenstein".
En fin, que el Gobierno no debería considerar como punto de honor ganarles el pulso a las cortes al aprobar la primera vuelta de la reforma, a toda costa, en esta legislatura.
Nada pierde si la aplaza, pues nada hace temer que en meses pierda la mayoría parlamentaria que le permitiría sacar adelante cualquier iniciativa, incluida una verdadera reforma judicial.
¿Para qué correr? El ceviche espera.
EL ESPECTADOR
'LA REFORMA A LA JUSTICIA ATENTA CONTRA LA ESTRUCTURA DE LA DEMOCRACIA': CORTE
La decisión fue tomada en unanimidad por los magistrados del alto tribunal al considerar que el proyecto reformista atenta contra la división de poderes.
En un comunicado de seis puntos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino manifestó que su decisión de retirarse de manera unánime del debate al proyecto a la reforma a la justicia recae sobre el hecho de que se desconoce las labores de cada rama del poder en Colombia.
En el fuerte llamado de atención, se señala que el proyecto reformista “atenta contra la estructura del Estado democrático” establecido en la Constitución Política de 1991, haciendo énfasis en que “rompe el balance de pesos y contrapesos, sustrayendo el origen de los órganos de control de la participación delo poder Judicial”.
Igualmente el alto tribunal consideró que los debates registrados en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes “desconoce la función jurisdiccional”, manifestando que si se busca descongestionar los despachos judiciales, la mejor solución no es ambiar o modificar la función de los jueces en este proceso.
Uno de los puntos más criticados del proyecto radica “la inclusión repentina” del fuero militar, lo que se consideró un hecho sorpresivo y que generó una fuerte discusión.
Para la Corte Suprema de Justicia se atenta contra el desempeño de la justicia “al sustraer” de su conocimiento la investigación y juzgamiento de los congresistas, así como el juzgamiento de altos designatarios del Estado, “lo cual contradice la separación de poderes”.
“No resuelve el problema del ciudadano que reclama justicia, fundamento básico del orden social”, precisa el comunicado leído por el magistrado Tarquino.
La Corte Suprema de Justicia llama la atención a la sociedad colombiana, para que una reforma a la Administración de Justicia no se convierta en instrumento de revancha o retaliación, ante el cumplimiento estricto y cabal de la función judicial que le encomendó la Constitución Política, concluye la comunicación.
CONGRESO NO DESCARTA 'REVERSAZO' EN REFORMA A LA JUSTICIA
Tras el retiro de la Corte de la discusión, en la Cámara se corregirían los 'micos' detectados tras la aprobación en el tercero de ocho debates.
Luego del anuncio de la Corte Suprema de Justicia de retirarse de la discusión del proyecto de reforma a la justicia, en la Cámara no descartan que sean corregidos los errores que se registraron en la aprobación del proyecto en el tercer de ocho debates.
En ese sentido, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, dijo que "es muy grave que el proyecto vaya perdiendo consensos y es importante reconstruirlos para que vuelva a tener credibilidad".
"Es muy grave el retiro de la Corte Suprema de la discusión del proyecto de reforma a la justicia y es que hay que hacer un gran esfuerzo para lograr enmendar la reforma", aseguró. "La Cámara está en la obligación de enmendar el sin número de proposiciones que se aprobaron a último minuto en la comisión primera".
A su turno, el vicepresidente del Senado, Antonio Guerra de la Espriella, pidió a las cortes considerar su retorno a la mesa de concertación de la reforma a la justicia.
"Lamentable lo que sucedió con la Corte Suprema, porque lo que se quiere es una mayor concertación y es muy importante que la Corte Suprema y el Consejo de Estado pudieran reconsiderar su decisión y volver a la mesa de concertación, junto al Congreso y al Gobierno", aseguró.
La mayor polémica se da alrededor de cómo la Comisión Primera de la Cámara cambió en la reforma a la justicia la manera de elegir registrador, contralor y procurador, marginando a la Rama Judicial.
VARGAS LL. PIDE A CORTE SUPREMA "RECONSIDERAR" SU RETIRO DE REFORMA A LA JUSTICIA
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que es “lamentable” el retiro de la Corte de la discusión del proyecto porque ese tribunal “tiene vocería en el Congreso de manera permanente”.
El Gobierno Nacional pidió la tarde de este martes a la Corte Suprema de Justicia reconsiderar su retiro de la discusión del proyecto de reforma a la justicia.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que espera que en esta época de receso navideño y de vacancia legislativa se puedan nuevamente “incorporar” a la discusión del acto legislativo, los magistrados de una y otra Corte.
“Las relaciones las ha venido conduciendo el ministro de Justicia pero este es un proyecto tan importante y de tanta envergadura, tan aplazado por tantos años, que no se comprende bien cómo una Corte se margina del escenario natural donde se debate la iniciativa que es el Congreso”, señaló.
Vargas Lleras dijo que “es lamentable” la ausencia de la rama judicial en la discusión del proyecto porque “la Corte Suprema de Justicia tiene vocería en el Congreso de manera permanente”.
“Renunciar a seguir participando de estas deliberaciones es renunciar a un derecho que la Constitución les asigna para intervenir en todas las instancias de un proyecto que tanto les atañe”, insistió el jefe de la cartera política.
“No sé si esto sea una rebelión pero aquí (el Congreso) es el escenario natural donde se discuten las leyes y todos debemos hacernos presentes”, agregó.
Este martes la Corte Suprema anunció su retiro de la discusión del proyecto de reforma, aduciendo falta de garantías.
'LA REFORMA A LA JUSTICIA ATENTA CONTRA LA ESTRUCTURA DE LA DEMOCRACIA': CORTE
La decisión fue tomada en unanimidad por los magistrados del alto tribunal al considerar que el proyecto reformista atenta contra la división de poderes.
En un comunicado de seis puntos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino manifestó que su decisión de retirarse de manera unánime del debate al proyecto a la reforma a la justicia recae sobre el hecho de que se desconoce las labores de cada rama del poder en Colombia.
En el fuerte llamado de atención, se señala que el proyecto reformista “atenta contra la estructura del Estado democrático” establecido en la Constitución Política de 1991, haciendo énfasis en que “rompe el balance de pesos y contrapesos, sustrayendo el origen de los órganos de control de la participación delo poder Judicial”.
Igualmente el alto tribunal consideró que los debates registrados en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes “desconoce la función jurisdiccional”, manifestando que si se busca descongestionar los despachos judiciales, la mejor solución no es ambiar o modificar la función de los jueces en este proceso.
Uno de los puntos más criticados del proyecto radica “la inclusión repentina” del fuero militar, lo que se consideró un hecho sorpresivo y que generó una fuerte discusión.
Para la Corte Suprema de Justicia se atenta contra el desempeño de la justicia “al sustraer” de su conocimiento la investigación y juzgamiento de los congresistas, así como el juzgamiento de altos designatarios del Estado, “lo cual contradice la separación de poderes”.
“No resuelve el problema del ciudadano que reclama justicia, fundamento básico del orden social”, precisa el comunicado leído por el magistrado Tarquino.
La Corte Suprema de Justicia llama la atención a la sociedad colombiana, para que una reforma a la Administración de Justicia no se convierta en instrumento de revancha o retaliación, ante el cumplimiento estricto y cabal de la función judicial que le encomendó la Constitución Política, concluye la comunicación.
CONCERTANDO LA LEY DE VÍCTIMAS
Editorial
La gran bandera del Gobierno de Juan Manuel Santos es, sin duda, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Dicha apuesta tiene por estos días, sin embargo, un gran inconveniente: el tema de la consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes, dos de las más azotadas por la violencia.
El problema fue resuelto de manera temporal cuando el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, acordó con las comunidades concertar un par de decretos con fuerza de ley que trataran específicamente el tema de reparación bajo un enfoque diferencial (es decir, una Ley de Víctimas para indígenas y afros, con las sutilezas propias de sus visiones del mundo). Ante la importancia de que la ley fuera aprobada, los grupos accedieron. Su negativa, sin embargo, podría suponer que fuera retirada del ordenamiento bajo un plumazo de la Corte Constitucional.
Los procesos de elaboración de los decretos fueron en todo distintos. El de los indígenas, por un lado, comenzó con la conciliación de una propuesta de decreto (representantes de Gobierno e indígenas entraron cada uno con una diferente). Después de meses y luego de ir por Colombia consultando a los pueblos, el texto conciliado, uno que podría ser histórico ya que comprende muchas de las visiones únicas de los indígenas, volvió a la mesa para los últimos retoques. En ese momento, miembros del Gobierno que no habían estado en todo el proceso empezaron a objetar sus puntos estructurales. Las comunidades temen hoy a que esas objeciones sean escuchadas por el Gobierno, pues eso no sólo dañaría este proceso único y ejemplarizante sino que enfurecería a los indígenas y dejaría sin piso jurídico las reparaciones.
El de los afros, por otra parte, fue un proceso mucho más complicado. El primer obstáculo se presentó cuando no se sabía con quién consultar: la Consultiva de Alto Nivel, creada durante el gobierno de Uribe, pero deslegitimada por una sentencia del Consejo de Estado posteriormente, por su falta de representatividad ante las comunidades afro, no era un buen punto de partida. El Gobierno empezó a convocar algunas reuniones regionales a través de las comisiones consultivas departamentales. Sin embargo, el proceso demoró mucho en iniciar y, cuando por fin lo hizo, muchas comunidades no consideraron que las reuniones valieran como una consulta previa real. El poco tiempo, información y conocimiento del proyecto, los llevaron a esta conclusión. En octubre, cuando quedaba menos de un mes y medio antes del plazo para emitir los decretos ley, el Gobierno acordó escuchar una propuesta de la Mesa Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y realizar más reuniones para conciliar las diferentes versiones. Pero luego, a la Mesa no le fue permitida la participación en la supuesta conciliación. En suma, a pesar de que el Gobierno dice que las propuestas fueron incluidas en un 80%, muchas comunidades dicen que no existió consulta.
¿Y entonces? El problema es el tiempo, porque los decretos deben estar firmados por el presidente Santos en pocos días (el plazo vence el 10 de diciembre). La preocupación mayor es que los grupos lleguen a la Corte con unos argumentos que sirvan para dejar sin validez una ley que es fundamental para este país. Depende entonces del Gobierno no sólo aliviar las preocupaciones indígenas, sino también reincorporar las propuestas afro en la versión final del decreto. Éstos, los afro, a su vez, podrían intentar una nueva concertación en tiempo récord, de los puntos fundamentales que le faltan al decreto. Aunque esto último, muy probablemente, no pueda darse. Un proceso histórico como este no debería dejarse pasar tan a la ligera. Las alarmas, pues, están prendidas.
REVISTA SEMANA
LAS 6 RAZONES POR LAS QUE LA CORTE SUPREMA SE OPONE A LA REFORMA A LA JUSTICIA
¿Por qué la sala plena de esa corporación considera que el proyecto rompe el equilibrio de poderes? Aquí están las seis razones que motivaron a marginarse del debate. Consideran que el Gobierno y el Congreso diezman el poder judicial.
Tres debates duró el aparente acuerdo entre los tres poderes públicos alrededor de la reforma a la justicia, quizás, una de las principales asignaturas pendientes desde la promulgación de la Constitución del 91 y que se percibe cada vez más urgente por el elevado número de procesos represados en los despachos.
Si las altas cortes acompañaron el debate de este proyecto en el Congreso, luego de los ajustes hechos por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, decidieron levantarse de las discusiones y romper ese aparente acuerdo.
En la tarde del martes, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, tomó el mismo camino que ya había emprendido el Consejo de Estado, que incluso, había presentado su propia reforma que, por lo visto en los tres primeros debates del proyecto, la mayoría de sus sugerencias no han sido tenidas en cuenta por el Congreso.
A partir del comunicado pronunciado por el presidente de la Corte Suprema, magistrado Camilo Tarquino, hay una insinuación de que el Gobierno y el Congreso se hubieran puesto de acuerdo en contra del poder judicial.
Según el magistrado Camilo Tarquino, la reforma de la justicia podría convertirse "en un instrumento de revancha o retaliación ante el cumplimiento de la función judicial" y además sugiere que lo aprobado hasta el momento "atenta contra la estructura del Estado democrático que inspira la Constitución del 91", entre otras, el equilibrio de poderes.
A partir del comunicado, y analizando lo aprobado en el Congreso, estos son los reparos que parecen insuperables y que motivaron a que la Corte Suprema de Justicia se marginara del debate.
Las observaciones
1. Altas cortes, sin poder nominador
Según el comunicado, para la Corte Suprema la reforma a la justicia "atenta contra la estructura del Estado democrático que inspira la Constitución Política de 1991, al concentrar el Poder Publico en las ramas Ejecutiva y Legislativa. En consecuencia rompe el balance de pesos y contrapesos, puesto que sustrae el origen de los órganos de control de la participación del poder Judicial".
Los reparos de la Corte es que en el tercer debate, y casi que a escondidas, la Comisión Primera de la Cámara decidió quitar funciones electorales a las altas cortes.
Según la reforma, las altas cortes ya no tendrán la función de nominar aspirantes a determinados organismos de control, caso del Registrador Nacional, el Contralor general y el Procurador general.
Actualmente, el registrador nacional del Estado Civil es elegido por meritocracia por los presidentes de las altas cortes. Con lo aprobado en la Cámara, este funcionario pasaría a ser elegido por el Congreso, de una terna enviada por el presidente de la República.
En cuanto a la escogencia del contralor general, según la reforma, será elegido por la Cámara de Representantes de una terna elaborada por el Senado de la República. Hoy, según la Constitución, este funcionario es escogido por el Congreso en pleno de una terna integrada por candidatos presentados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Mientras que la propuesta para la elección del Procurador general de la Nación, es que "será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de una terna elaborada por la Cámara de Representantes". Hoy la Constitución establece que la terna debe ser integrada "por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado".
Aunque la propuesta fue del legislativo, el gobierno ha insistido en que al quitar la función electoral a las cortes se despolitizaría la administración de justicia.
2. ¿Privatización de la justicia?
Dice el comunicado de la CSJ que la reforma "desconoce que la función jurisdiccional debe estar, como lo señala la Constitución Política, en cabeza de los Jueces. Cualquier reforma que pretenda descongestionar los despachos judiciales no puede ignorar la aludida competencia, mediante la privatización y administración de la justicia".
A lo que se refieren los magistrados es a la decisión del Congreso de otorgar facultades jurisdiccionales a funcionarios de la rama judicial, abogados y notarios, se estaría privatizando la justicia.
El Gobierno, como lo argumentó en el tercer debate el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dice que "no se trata con esto de privatizar la justicia. Está perfectamente claro, y así se ha incorporado en el texto, que estos distintos instrumentos van acompañados de los apellidos ‘excepcional y transitorio’. La conciencia constitucional del Gobierno queda tranquila con la redacción de este artículo".
El Congreso no atendió las sugerencias de los magistrados y decidió aprobar la fórmula de descongestión propuesta por el Gobierno.
3. Inclusión de artículos no acordados
En concreto, dice el comunicado de la CSJ, que se oponen a "la inclusión repentina y sorpresiva del fuero militar en el debate".
Durante los 12 meses de mesas de trabajo en los que el Gobierno se reunió con las altas cortes, buscando concertación al proyecto de reforma a la justicia, nunca se mencionó el tema de la ampliación del fuero militar.
Este polémico artículo, incluso, no hacía parte del proyecto que el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, radicó ante la secretaría del Senado.
Este apareció a última hora, cuando se radicó la ponencia para primer debate, y cinco días después de que Juan Carlos Pinzón tomara posesión en el Ministerio de Defensa.
Es más, la inclusión de este artículo generó un choque al interior del propio gobierno, pues los ministros de Interior y Justicia anunciaron que retirarían la iniciativa, pero días después dejaron que el Congreso tomara la decisión.
Durante tres debates, y quizás por hechos coyunturales, como la muerte en combate de alias Alfonso Cano y la masacre de los uniformados secuestrados por las Farc, motivaron al Congreso a premiar con esta especie de gabela a las Fuerzas Militares.
4. Corte Suprema ya no sería el juez natural de los congresistas
Para la CSJ, según el comunicado, la reforma "sustrae del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso así como el juzgamiento de los altos dignatarios del Estado, lo cual contradice la filosofía de la separación de poderes".
La Corte no se opone a que se establezca la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, lo que no comparte es la fórmula con la que la Comisión Primera de la Cámara pretende establecer ese derecho.
La reforma, como se aprobó en tercer debate, propone que sea el Tribunal Superior de Bogotá quien juzgue en primera instancia a los congresistas, y la segunda sí la ejerza la Corte Suprema de Justicia.
Para los magistrados, esa fórmula significa que los congresistas serían juzgados por jueces de inferior categoría, cuando la Constitución del 91 estableció que el juez natural sería la Corte Suprema de Justicia.
Precisamente los magistrados han propuesto que la doble instancia se haga al interior de la Corte Suprema de Justicia, dividiendo en dos la sala penal.
5. La autonomía de la rama
Dice el comunicado que la reforma "resquebraja la independencia y la autonomía judicial".
Los magistrados se refieren a que la independencia y la autonomía estaría vulnerada si el poder Ejecutivo hace parte de la llamada sala de gobierno. La cual crea la reforma, en lugar de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
La presencia del ministro de Justicia en esa sala de gobierno genera malestar. Sin embargo, el gobierno aclara que el proyecto establece que tendrá voz pero no voto, como fórmula para garantizar la independencia del poder judicial. Los magistrados no están muy convencidos de ello.
6. Reforma ineficaz
Para la CSJ, la actual reforma "no resuelve el problema del ciudadano que reclama justicia, fundamento básico del orden social".
Durante los tres debates que lleva el proyecto, las altas cortes han sido reiterativas, al insistir que parte de los problemas de descongestión se resuelven en el presupuesto.
Para las altas cortes, la rama judicial es la "cenincienta" del presupuesto de la Nación. Y por eso la pretensión de la rama Judicial es el 5 por ciento del presupuesto nacional anual.
La Comisión Primera de la Cámara decidió que será del 2 por ciento, más una adición del mismo porcentaje de la tasa de inflación anual.
Además, se aprobó que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia del esta reforma, el Gobierno asignará un fondo de un billón de pesos que se desembolsará en cuantías de 200.000 millones de pesos en cada año y se destinarán a procesos de descongestión judicial. Con este fondo se busca resolver el déficit que trae la rama judicial. Aun así, las cortes consideran que es insuficiente.
¿Hay garantías?
Pero quizás el mayor malestar de la Corte Suprema, como lo expreso tres semanas atrás el Consejo de Estado, es que no encuentran plenas garantías en el Congreso.
Los magistrados se opusieron a que el Gobierno radicara el proyecto, pues no contaba con plena concertación. En principio exigieron veeduría internacional. Pronto desistieron y en cambio tramitaron su propia reforma constitucional.
El congreso la acumuló con el proyecto del Gobierno, pero en los debates, a pesar que los magistrados han contado con total participación, sin límite en el uso de la palabra, sus sugerencias no han sido atendidas.
Aunque los presidentes de Senado y Cámara insisten en que las garantías existen y abogan por la presencia de los magistrados, la realidad parece ser otra.
Las peticiones del Gobierno para que se apruebe el proyecto han pesado más en el Legislativo, donde, precisamente, el actual Gobierno cuenta con una amplísima coalición integrada por cinco partidos políticos, que le garantiza el respaldo de casi el 90 por ciento del Congreso.
La próxima semana el proyecto será discutido en cuarto debate. El gobierno insiste en que la reforma debe seguir su trámite.